Después de la reunión entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera y la Secretaría general de Transportes el lunes 13 de junio, El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha presentado el pasado viernes el primer borrador de la futura reforma a la ya existente Ley de cadena alimentaria al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para solucionar un problema recurrente en los últimos tiempos dentro del sector: el “dumping”.
Esta ley prohibirá que las compañías de transporte trabajen sin, al menos, cubrir sus costes de explotación, lo que es llamado “dumping”. Esta práctica es utilizada por algunas empresas grandes para ofrecer precios muy bajos por sus servicios al público, atrayendo clientes de empresas más pequeñas o nuevas para eliminar la competencia. Este tipo de abusos dificultan entornos de sana competencia y hace que sean más sencillas situaciones de monopolio u oligopolio.
El objetivo del Gobierno es aprobar la ley antes del 31 de julio para cumplir con los acuerdos de diciembre de 2021 y marzo de 2022: la puesta en marcha de la Ley de la Cadena de Transporte. Así mismo, la Ley de cadena de transporte también traería regulación a la subcontratación para evitar intermediarios con un trabajo de nulo valor añadido que entorpezcan las actividades y acuerdos dentro del sector.
Desde una nota, el Ministerio estableció que: «desde el Ministerio se reitera una vez más su compromiso con la mejora de las condiciones del sector del transporte de mercancías por carretera, estratégico para la actividad económica del país, a través del cambio estructural del sector más relevante de las últimas décadas y avanzando en reivindicaciones históricas con un plan diseñado para la sostenibilidad desde una triple perspectiva, económica, social y medioambiental y orientado a su reforzamiento, la mejora de su prestigio y su robustez como sector económico».
Una vez aprobadas estas reformas, se espera que mejoren mucho las condiciones del sector del transporte de mercancías que se ha visto muy afectado últimamente. Se modificarán las actuales Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre y la Ley 16/87 de 30 de julio de ordenación de los transportes terrestres. El precio que los transportistas adjudiquen a sus servicios de cara al público deberá ser, en toda circunstancia, al menos igual o al superior a sus costes efectivos individuales o sufrirá penalizaciones como multas.
Redacción TransporteSostenible.com
