Pese que anteriormente la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, había anunciado con bastante complacencia que se había avanzado de buena manera en la elaboración de la Ley de la Cadena de Transporte y que ésta vería la luz en unas semanas por medio de un decreto ley aprobado en Consejo de ministros a más tardar el 2 de agosto, el Comité Nacional ha terminado por rechazar la propuesta.
El proyecto de Ley de la Cadena de Transporte que había estado siendo redactado en el Ministerio de Transporte no ha convencido ni al Comité Nacional ni a ninguna de las demás organizaciones involucradas por diversos motivos, pero se puede sacar como conclusión que no se está tan cerca de lograr un consenso sobre una norma considerada crucial en el sector. El objetivo del Gobierno es aprobar la ley en la inmediatez para cumplir con los acuerdos de diciembre de 2021 y marzo de 2022.
Lo que se desea es que esta ley prohíba que las compañías de transporte trabajen sin al menos cubrir sus costes de funcionamiento, lo que es llamado comúnmente “dumping”. Esta práctica puede ser explotada por empresas grandes para ofrecer precios bajos por sus servicios, atrayendo clientes de empresas más pequeñas o nuevas para eliminar la competencia. Este tipo prácticas abusivas dificultan tener un entorno de sana competencia y hace que sean más propensas situaciones de monopolio u oligopolio en el sector. De esta misma manera, se quiere que la Ley de cadena de transporte traiga además regulación a la subcontratación. Esto para evitar que intermediarios con un trabajo de nulo o poco valor añadido entorpezcan y encarezcan las actividades y acuerdos dentro del sector.
Otros aspectos que valen la pena mencionar de la Ley es la referencia al Observatorio de Costes, el cual elabora trimestralmente el Ministerio de Transportes, la obligación de fijar los contratos por escrito (salvo ciertas excepciones) y un sistema sancionador para los incumplidores, cargadores y transportistas.
Según un comunicado oficial hecho por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), la opinión es desfavorable «en cuanto supone un paso atrás a los términos conforme a los que se había venido desarrollando la negociación hasta ahora». Así mismo añaden que «El Comité Nacional de Transporte por Carretera no va a aceptar la redacción de una norma que permita al Gobierno justificar un cumplimiento formal de sus compromisos pero que resulte inaplicable en la práctica”.
Redacción TransporteSostenible.com
