Saltar al contenido

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, PMcM, ha aplaudido el anuncio del Reino Unido de crear un régimen sancionador para las grandes compañías que no paguen en plazo a sus proveedores, e insta a España a que siga el ejemplo británico e implemente urgentemente el régimen sancionador contra la morosidad.

Para la PMcM, se trata de “un hito histórico que tome este tipo de medidas un país como Reino Unido, en el que la gran mayoría de las empresas pagan sus facturas a tiempo y donde en los cinco últimos años se ha reducido a la mitad la cantidad adeudada en pagos atrasados”, según palabras de su presidente, Antoni Cañete.

El presidente de la PMcM afirma que su análisis corrobora “en cierta manera lo que viene denunciando la PMcM sobre que en España se acepta y se asimila con cierta normalidad la cultura de la morosidad”.

A pesar de que el 49% de las empresas españolas asegura conocer la directiva europea sobre morosidad, solo el 14% aplica a sus clientes intereses de demora por retrasos en los pagos. Asimismo, casi el 70 % de los encuestados consideran que la legislación no ha mejorado los plazos, y un 46 % que un régimen sancionador mejoraría la situación.

Conscientes del gran impacto que los retrasos en los pagos pueden tener en la capacidad de una pequeña empresa para planificarse, invertir y crecer, en Reino Unido han sabido comprender que poner fin a la cultura de la morosidad impulsa la productividad de las PYMEs, elimina barreras al crecimiento y mejora el flujo de efectivo”, añade Cañete.

El presidente de la PMcM ha recordado a los grupos parlamentarios la necesidad de que en cuanto se forme Gobierno “se agilice” el trámite en el Congreso de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad.

La nueva ley traerá consigo un régimen sancionador que multará a las empresas morosas, “un punto de inflexión que seguro reducirá la lacra de la morosidad en nuestro país; no olvidemos que España es el país de la UE con los plazos de pago más largos, según el último informe de la Comisión Europea”.

La Plataforma recuerda que es “de vital importancia” que se mantenga la norma imperativa que establece el artículo 4.3 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, que prohíbe pactar una ampliación del plazo de pago en las operaciones comerciales por encima de los 60 días naturales. Asimismo, reclama que esta norma imperativa se haga extensiva al artículo 17 (“Pagos a los proveedores” de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista), “puesto que en la actualidad este artículo no fija ningún límite temporal para pactar un plazo de pago con los proveedores cuando los productos no son de alimentación ni de gran consumo”.

Respecto al retraso intencionado en los pagos, este ocupa la tercera posición. Concretamente, el 38% de los encuestados consideran que los retrasos en los pagos se deben principalmente a problemas financieros, un 29% lo achaca a temas administrativos, mientras que los retrasos intencionales alcanzan el 23%.

El régimen sancionador es, de lejos, la medida que los encuestados consideran fundamental para mejorar la morosidad, el 46 %, mientras que un 15 % opina que habría que obligar a las empresas a publicar sus plazos de pago reales. Usar información comercial es la primera medida adoptada para luchar contra la morosidad. Casi el 50% de las empresas cuentan con una política de cobro o un departamento especializado.

La Ley del Contrato de transporte terrestre (Ley 15/2009 y Orden Fom/1882/2012) recoge cuestiones reflejadas ya en los acuerdos de junio del 2008, tales como la Indemnización por paralización que servirá de referencia para calcular las cuantías por paralización, a partir de la entrada en vigor de dicha ley 15/2009, es decir, desde el 12 de febrero de 2010.

La Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, establece las cantidades para el 2014 del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que son 532,51 euros mensuales o 17,75 euros día (las mismas que en 2010, 2011, 2012 y 2013).

 Cuándo se puede exigir paralización

Cuando el vehículo haya de esperar un plazo superior a dos horas hasta que se concluya su carga y estiba o desestiba y descarga. Dicho plazo se contará desde la puesta a disposición del vehículo para su carga o descarga en los términos requeridos por el contrato.

 Cómo se calcula

El cálculo de la indemnización a reclamar por cada hora de paralización se hace multiplicando por 2 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día, sin que se tengan en cuenta las dos primeras horas ni se computen más de diez horas diarias por este concepto.

  • Cuando la paralización del vehículo fuese superior a un día, el segundo día será indemnizado en cuantía equivalente a la señalada para el primer día, incrementada en un 25 por ciento.
  • Cuando la paralización del vehículo fuese superior a dos días, el tercer día y siguientes serán indemnizados en cuantía equivalente a la señalada para el primer día, incrementada en un 50 por ciento.

Coste de una hora    = 35,5 euros

Coste de un día          = 355 euros

A partir del 2º día       = + 25 %

A partir del 3er día   = + 50%

Por lo tanto, el coste de una hora de paralización para el año 2014 es de 35,5 euros y el de un día de paralización, teniendo en cuenta que no se pueden computar más de 10 horas diarias, de 355 euros.

El coste de paralización, tanto el referido a la hora como al día, se verá incrementado en un 25% a partir del segundo día, dando lugar a una indemnización de 44,37 euros la hora y 443,75 euros el día. A partir del tercer día, el coste de paralización, se verán incrementados en un 50%, dando lugar a una indemnización de 53,25 euros la hora y 532,5 euros el día.

En el caso de la paralización internacional, al no existir reglas comunes para establecer la cuantía, se utiliza por regla general para calcularla el coste por paralización nacional incrementado en el mismo tanto por ciento en el que se incrementan los costes de realización de un transporte internacional respecto al nacional.