El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) que busca eliminar cargas administrativas al sector con el fin último de potenciar su competitividad.
En concreto, busca propiciar una mejor estructuración empresarial de la oferta de transporte y mejorar el tamaño y equipamiento de las empresas, incidiendo para ello en la formación y tecnología, reduciendo cargas mercantiles y administrativas.
Con la modificación, el Ejecutivo busca también adaptar la ley a los nuevos reglamentos comunitarios de gestión de los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera y ferrocarril, el acceso a la profesión de transportista y al mercado de transporte internacional de mercancías y viajeros.
Así, entre las principales novedades de la LOTT sobresalen una regulación «más pormenorizada» del registro de empresas y actividades de transporte y la actualización de la cuantía hasta la que se presume la existencia de un acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas Arbitrales de Transporte.
También incluye la modificación de la definición de transporte ferroviario para armonizarla con la Ley del Sector Ferroviario.
Respecto a la reducción de cargas administrativas, la ley incluye la eliminación de la autorización de operador de transporte para el caso de transportistas que ya disponen de autorización de transporte de viajeros y, con determinados condicionamientos, en el caso de transporte de mercancías.
Asimismo, contempla eliminar el cumplimiento de los requisitos impuestos por la normativa comunitaria para los transportistas que pretendan obtener autorización de transporte público de mercancías con vehículos ligeros de entre 2 y 3,5 de masa máxima autorizada.
Además, apunta la posibilidad de que en un futuro las empresas de transporte no tengan que presentar los documentos relativos al domicilio y capital social, una vez que se coordine el Registro de Empresas y Actividades de Transporte con el Registro Mercantil.
El nuevo tratamiento de dicho registro y, sobre todo, su comunicación con el mercantil permitirá introducir los mecanismos que posibiliten la tramitación estrictamente virtual de las solicitudes de autorización o visado de autorizaciones por parte de todos aquellos interesados que cuenten con los medios tecnológicos necesarios para ello. De esta forma, el concepto de «administración electrónica» será una realidad en el ámbito de la ordenación de los transportes terrestres.
