El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con los votos de PSOE, PP, CiU, PNV, CC, UPyD y UPN la enmienda de totalidad presentada por el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV contra el proyecto de Ley del servicio postal universal, que a partir de ahora continuará su trámite parlamentario.
El ministro de Fomento, José Blanco, ha recalcado que los servicios postales son un «elemento fundamental» que contribuyen a crear empleo y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su modernización es «necesaria para un desarrollo equilibrado y sostenible» de la actividad económica.
En este sentido, ha asegurado que la norma, que transpone la Tercera Directiva Postal es una «oportunidad» para garantizar el derecho de los ciudadanos al servicio postal que cubre todo el territorio del Estado con servicios «de calidad» y sitúa al sector en una «nueva fase» acorde con el marco de la Estrategia de la Economía Sostenible.
El ministro ha recalcado que la norma asegura la viabilidad financiera de Correos y Telégrafos y el mantenimiento del empleo de calidad en el sector, con «respeto» a los «derechos de sus trabajadores», fruto de un «largo proceso de diálogo» con el sector y los agentes sociales que va a seguir garantizando «servicios de calidad» durante los próximos 15 años.
Asimismo, ha asegurado que si intención es profundizar en la voluntad de diálogo con los grupos políticos durante el trámite parlamentario.
El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, y su compañero de ERC Joan Tardá ha asegurado que el proyecto busca «desmantelar» el servicio público de Correos, reducir «de forma aún más drástica» su plantilla y ofrecer un negocio de cerca de 1.000 millones de euros «para el beneficio del sector privado».
«Todo ello con la falsa coartada y la vaga excusa de la liberalización del mercado postal europeo», ha denunciado Llamazares, para quien el nuevo modelo que plantea la norma permitirá que los grandes operadores europeos compitan por la «parte rentable» del mercado, dejando a Correos «como simple operador residual de la parte no rentable del mismo», con la obligación de prestar un servicio público deficitario que pagarán los ciudadanos vía impuestos.
En este sentido, ha llamado la atención sobre la «grave amenaza» que se cierne sobre los trabajadores de Correos, después de que en el último años se hayan perdido «cerca de 7.000 puestos». «El proyecto de ley va en la dirección de aumentar esta sangría», ha denunciado Llamazares, a quien Blanco ha acusado de «tirar de argumentarios ajenos», porque los sindicatos han dado su «visto bueno» a la norma.
La prestación de este servicio de interés público por parte de Correos tendrá un coste en los Presupuestos Generales del Estado de cada año de entre 170 y 210 millones de euros, cantidades a las que se añadirán otros diez millones de euros por la prestación del servicio de giro.
EL RECARGO NO ES EXCESIVO.
El Gobierno señala que el Estado debe compensar la «carga financiera injusta» de Correos por asumir estos servicios «con obligaciones de servicio público», cuyo coste sitúa entre 200 y 240 millones de euros.
Pero a esta cantidad se le resta la obtenida por el recargo del 2% sobre el precio unitario de los servicios incluidos en el ámbito del servicios universal al que están obligados todos los usuarios –recargo que el Gobierno no considera como «excesivo»– y que recaudaría entre 30 y 32 millones de euros.
De esta forma, el saldo de aportaciones se sitúa entre los 170 y 210 millones de euros, que se incrementan en otros diez millones por la obligación de prestar el servicio de giro, al considerarlo como un servicio complementario a los servicios postales.
35 OPERADORES NUEVOS AL AÑO.
La financiación del servicio se nutrirá, además de con aportaciones del Estado, por la contribución de todos los operadores con presencia en el mercado postal cuya facturación supere los 50.000 euros, ingresos a los que se aplicará una tasa del 1,5%. La recaudación anual estimada es de 1,47 millones de euros, de los que 1,44 millones de euros procederán de Unipost y los restantes 33.750 euros de otros 215 operadores.
Asimismo, los nuevos operadores que se incorporen al mercado abonarán una cuota fija de 1.500 euros con el objeto añadido, aparte de contribuir a financiar el fondo, de evitar al «excesiva atomización del sector». El gobierno estima una incorporación anual media de 35 operadoras, lo que permitirá recaudar 52.500 euros y eleva la cifra total hasta los 1,52 millones de euros.
MULTIPLICA POR 10 LAS TASAS DE INSCRIPCIÓN.
Según los cálculos del gobierno, 234 de los 450 operadores privados son personas físicas o jurídicas sin empleados y cuya facturación es inferior a los 50.000 euros, por lo que están exentos de la tasa del 1,5%.
Además, los operadores deberán contribuir a la financiación de la Comisión Nacional del Sector Postal a través de la tasa por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras de servicios postales, cuya cuantía se multiplica por diez, pasando de 50 a 500 euros, que el Gobierno justifica por las «nuevas obligaciones» de la Comisión y que se trata de una cantidad «promedio» entre las que se cobran en Alemania (700 euros) o Portugal (1.500 euros).
MADRID – EUROPA PRESS
