El Pleno del departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera, reunido esta semana, ha vuelto a mostrar su rechazo a la implantación de la Euroviñeta, la tasa que la Unión Europea permite aplicar a los Estados miembros por el uso de sus infraestructuras.
Además, el colectivo acordó la creación de distintos grupos de trabajo, como inspección, fiscalidad y normativa, para abordar cuestiones planteadas al nuevo director general de Transporte Terrestre, Francisco Espinosa.
Ante la actuación de algunos inspectores de trabajo que requieren justificantes de cantidades empleadas en concepto de manutención, con sanciones por no presentarlas, se pedirá una reunión inmediata con la Dirección General de la Inspección de Trabajo para que se siga el mismo criterio mantenido hasta ahora de exención de las cantidades contempladas en el IRPFcuando se justifique simplemente la realidad del desplazamiento.
Malestar con la Seguridad Social
La concesión del último aplazamiento a las cotizaciones empresariales a laSeguridad Social por tres o cinco meses, con la aportación de avales, ha generado cierta preocupación en el sector, por su encarecimiento y las dificultades para presentar la citada garantía. El Comité Nacional de Transporte por Carretera transmitirá su desacuerdo y descontento a la Tesorería General de la Seguridad Social por las dificultades generadas con esta disposición.
En otro orden de cosas, las elaboración de un documento elaborado por los responsables de inspección de algunas comunidades autónomas a empresas en situación concursal ha motivado la oposición frontal del Comité Nacional del Transporte por Carretera, por lo que se dirigirá al director general de Transporte Terrestre, Francisco Espinosa, para evitar la quiebra definitiva de estas empresas en dificultades.
Por último, el pleno de Comité Nacional acordó llevar una propuesta al Ministerio de Fomento y al Ministerio de Asuntos Exteriores para que no se cobre la expedición del certificado de exención de la cualificación inicial del CAP ni sea exigido por las autoridades francesas (como está sucediendo en la actualidad), ya que esta normativa parte de la Unión Europea.
