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Los transportistas deben prepararse ante la posibilidad de que Reino Unido rompa con la UE sin llegar a un acuerdo.

Después de asumir el poder, el recién elegido como primer ministro británico, Boris Johnson, ha afirmado que habrá Brexit “cueste lo que cueste”. Si la Unión Europea (UE) y Reino Unido no logran alcanzar un acuerdo, proceso conocido como ‘Brexit duro’, podrían implantarse nuevas medidas en los puntos fronterizos y aduanas.

A las espera de las negociaciones que se puedan producir, el embajador de Reino Unido en España, Simon Manley, ha informado de las posibles modificaciones que tendrían lugar si Bruselas se niega a ajustar el acuerdo.

 

Las relaciones económicas entre España y Reino Unido son clave para ambos países, puesto que Reino Unido es el 5º país de exportación y el 8º en importación para España. Por ello, ambas Administraciones han garantizado su disponibilidad para que las relaciones comerciales sigan manteniéndose como hasta ahora.

Por su parte, la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Pilar Jurado, ha reconocido que, aunque reine cierta atmósfera de calma, al considerar Reino Unido como tercer país, las aduanas españolas llevarán a cabo “todos los controles necesarios que exige la UE”. Por otro lado, pide a los transportistas que operen en el país británico que lleven toda la documentación a bordo del camión (pasaporte, Declaración sumaria de entrada (ENS) y declaración de seguridad) y que, además, se envíe telemáticamente.

La documentación para los transportistas europeos se mantiene igual, es decir, no hay documentos nuevos en proceso. El Gobierno británico ha confirmado que continúan vigentes los acuerdos sobre horas de conducción, reconocimiento del CAP, licencia comunitaria y cabotaje. En el caso del régimen TIR, ADR, ATP y Mudanzas no se presentan modificaciones.

Asimismo, desde la Administración británica recuerdan que será necesario que los transportistas lleven la tarjeta verde o la documentación que acredite el seguro del vehículo, en caso de no acuerdo.

Una de las materias que suscita mayor polémica en el sector son los importes de los aranceles aduaneros. Reino Unido ya ha publicado la cuantía, pero no descarta que se produzca una subida de los precios.

Desde la CETM, Confederación Española de Transporte de Mercancías, piden a las empresas del transporte que hagan llegar toda su documentación a los puntos fronterizos y aduanas antes de la llegada a la frontera de la mercancía. Además, aquellas que necesiten importar o exportar a Reino Unido tendrán que estar dadas de alta en el EORI. Para los que realicen un volumen mayor de movimientos, es preciso que tramiten el alta como OEA (operador económico autorizado). Dicho procedimiento ayuda a simplificar los trámites en las aduanas.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que, hasta el 31 de diciembre de 2020, los ciudadanos europeos podrán acceder a Reino Unido por tres meses mostrando su carnet de identidad.  Después, si se produce el Brexit sin acuerdo y si necesitan permanecer más tiempo, deberán solicitar una autorización al departamento de Interior o bien abandonar el país.

En el caso de que se produzca el peor de los escenarios y el país británico se vea forzado a un ‘no acuerdo’, los productos de origen animal deberán someterse a los controles y legislación británica.

Las últimas declaraciones de Boris Johnson vaticinan que el “divorcio” entre la UE y Reino Unido no será fácil. Por ello, en la página web de la Agencia Tributaria las empresas encontrarán toda la información pertinente y el acceso a los trámites necesarios como el registro del número EORI. En ese sentido, desde la Administración española instan a las empresas a elaborar un plan de contingencia para poder afrontar cualquier posibilidad.

Fuente: cetm.es

Su nombre puede resultar cómico, pero los efectos pueden ser terribles. El llamado ‘vieja del visillo’, ‘efecto mirón’ o #EfectoViejalVisillo supone un gran peligro para los conductores y la la Guardia Civil de Tráfico lo sabe, por eso ha tirado de redes sociales para alertar en las carreteras del peligro que supone reducir la velocidad para calmar nuestra curiosidad.

Un golpe puede traducirse en un montón de golpes en línea, con vehículos cruzados en la calzada y conductores malparados.

«¿Conoces el #EfectoViejalVisillo? Puede convertir un accidente en 2, en 3 ó en muchos más. Si ves un accidente en carretera y ya está la @guardiacivil de #tráfico y los equipos sanitarios no frenes para #visillear.#SegurdiadVial #EfectoMirón».

Son bienvenidas todas las advertencias, más aun llegadas estas fechas en las que las carreteras se inundan de vehículos con destino vacacional. En el video que sube la Benemérita a su cuenta de Twitter podemos ver las consecuencias de #visillear este verano, algo que no sólo causa retenciones y molestias, sino que además puede provocar accidentes graves.

Si tienes que rodar estos días te deseamos mucha precaución y paciencia, nada de disminuir la velocidad para observar un accidente, ¡y buena ruta!

A raíz de la huelga del 2008 de transporte, la más dura que ha habido, que deshizo el Ministro del Interior, Rubalcaba, poniendo a la Guardia Civil en el Alto de los Leones y de Somosierra como si fuese la Guerra Civil para detener la invasión de los milicianos del transporte, los descamisados del transporte, los autónomos del transporte, tuvo como deriva la aprobación después de mucho tiempo de la llamada acción directa; por acción directa se entiende la posibilidad legal de reclamarle al cargador efectivo el importe del transporte que no se ha cobrado.

Este cambio legislativo de la acción directa costó Dios y ayuda a los transportistas, sin embargo, ha quedado desvirtuado por la alianza siniestra para evitar que las juntas arbitrales de transporte conozcan estas reclamaciones. Sean competentes para estas reclamaciones.

Han pasado varios años desde que se aprobó la acción directa y se pusieron las medallas las asociaciones de transportistas. Pero han tenido que ser algunas asociaciones las que han puesto ahora sobre la mesa el que las juntas arbitrales de transporte se están haciendo las ‘longuis’ y no están admitiendo a trámite las demandas por acción directa. Dificultando enormemente las reclamaciones de hasta 7.000 euros por portes que tienen que derivarse a la vía judicial.

El escándalo ha saltado porque Fenadismer ha insistido en que se tomase una posición dura por parte del Ministerio y que en la reunión de presidentes de juntas arbitrales de la pasada semana se rectificase la circular que habían mandado hace años para desentenderse de este tema.

La cuestión es que los operadores de transporte y los grandes transportistas se han opuesto a la medida, estos últimos no la han podido hacer muy vocal porque se les echarían encima el resto pero está claro que una vez más el que paga el transporte no quiere pagar.

Y no sólo cuando no quieren pagar no quieren que se les persiga de forma fácil y sencilla con este mecanismo que son las juntas arbitrales de transporte, que no necesitan letrados ni procuradores para intervenir.

El escándalo de que las juntas arbitrales de transporte desoyendo lo que es una normativa legal con una reforma de una Ley, se agarren a una simple circular entre ellos para no admitirlas a trámite bajo unas excusas peregrinas de que el cargador efectivo sea una empresa de transporte o sea un cargador no están comprendidos en el contrato de transporte.

Esta flagrante caradura, ya que justamente el contrato de transporte menciona reiteradamente como así la LOTT, porque es muy frecuente que eso pase en el transporte, la figura del porteador efectivo y de aquellos que se subrogan en esa facultad por virtud de los contratos encadenados por así decirlo frente a otros sectores como por ejemplo la compra de ultramarinos o el aprovisionamiento de cualquier fábrica, ahí no se da el que el comprador efectivo no sea el que compra la mercancía salvo un escalón o dos de mayoristas, pero en el caso del transporte como han comprobado las mismas investigaciones del Ministerio de Fomento, la cadena del transporte suele ser de cuatro o cinco escalones y por ahí las prevenciones de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y el mismo Código de Comercio, citando reiteradamente al porteador efectivo y al que se subroga en esta condición así como el cargador efectivo y el que se subroga en esta posición.

El bluf de la acción directa. El timo de la acción directa. Cómo la Juntas Arbitrales impiden su ejercicio. Por Transportorum. Fuente: transcamion.es

Más de dos millones de conductores podrían perder su trabajo.

El transporte automatizado, o el camión autónomo, no sólo reducirá los costes del transporte de mercancías por carretera, sino que supondrá un gran impacto a nivel laboral.

Un estudio presentado por el Foro Internacional de Transportes (ITF) advierte de que para el año 2030, USA y Europa podrían reducir la demanda de conductores hasta en un 70%.

Los camiones sin conductor podrían tener “una presencia regular en muchas carreteras dentro de los próximos diez años”, según José Viegas, Secretario General del ITF.

La Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), que también ha participado en este informe, donde se realizan recomendaciones para ayudar a la transición hacia el transporte por carretera sin conductor, ha asegurado en palabras de su presidente, Christian Labrot, que «tenemos que recordar que los conductores de hoy tendrán que ser reciclados mañana, y debemos seguir atrayendo a profesionales en el transporte por carretera«.

La falta de conductores profesionales es un problema que en la actualidad afecta seriamente al transporte de mercancías por carretera y los camiones sin conductor vienen para amortiguar esta circunstancia.

INFORME AIIM-ASEPA-COIIM-INSIA: ‘Transición hacia una movilidad sostenible

Fuente: asepa.es

“Dentro de quince años los camiones pueden ser una especie a extinguir”, Joan Miró.

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), considera una declaración de intenciones contra los transportistas las manifestaciones del alcalde de Valencia.

La federación valenciana ha rechazado las declaraciones realizadas el día 24 de julio por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en las que considera que “dentro de quince años los camiones pueden ser una especie a extinguir” y las ha considerado como toda una declaración de intenciones contra una profesión que sólo en el puerto de Valencia genera trabajo a unas 15.000 familias, entre empleos directos e indirectos.

Ante estas declaraciones del señor Ribó, la FVET quiere afirmar que nuestra profesión perdurará mucho más allá de esos tres lustros que pronostica, lo que están seguros que no perdurará es su cargo como alcalde, ya que con estas manifestaciones solo demuestra un carácter sectario y de confrontación.

Desde la federación quieren recordarle al alcalde de TODOS los valencianos que está poniendo fecha de caducidad a un sector estratégico como el transporte de mercancías por carretera, esencial para el funcionamiento de la economía ya que no sólo de él depende el movimiento de más del 85% de las mercancías, sino que es un importante motor económico en materia de empleo y en aportación de ingresos tributarios, etc.

En cuanto al acceso Norte al Puerto de Valencia, ya han manifestado en diversas ocasiones la necesidad de que se lleve a cabo esa infraestructura para seguir aumentando la actividad, generando riqueza y por lo tanto más trabajo directo e indirecto para todos los valencianos. Algo que suponen desearía también el alcalde de la ciudad, aunque por lo visto no es así ya que con estas declaraciones han constatado que Ribó antepone sus intereses partidistas a los generales y, sorprendentemente, los de las grandes compañías ferroviarias frente a los autónomos y pequeños empresarios del transporte.

La patronal del transporte valenciano agrupa a casi mil empresas de transporte de mercancías por carreta integradas en su Federación a través de las ocho asociaciones que la forman (carga general, internacional, transportes especiales, agencias y operadores de transporte, mudanzas, contenedores, grúas y transporte de muebles).

Fuente: fvet.es

LOS TRANSPORTISTAS QUE TRIBUTAN POR EL RÉGIMEN DE MÓDULOS PAGAN SÓLO UN 2% EN IRPF FRENTE A LOS QUE TRIBUTAN EN DIRECTA QUE PAGAN MÁS DEL 20%.

  • Dichos datos corresponden a la Estadística de Rendimientos de Actividades Económicas que anualmente publica la Agencia Tributaria.
  • El Ministerio de Fomento encarga un estudio sobre la fiscalidad en el sector del transporte por carretera y su repercusión en la productividad empresarial y nacional.

Como se recordará, durante tres años consecutivos los sucesivos Gobiernos han ido prorrogando el régimen de módulos para el sector del transporte por carretera, manteniendo el límite de facturación anual establecido en el año 2016, en concreto 125.000 euros, lo que en la práctica permitió que pudieran continuar acogidos la práctica totalidad de los transportistas autónomos titulares de un vehículo pesado, quedando en consecuencia aplazada la entrada en vigor del nuevo límite inferior debido a las sucesivas prórrogas aprobadas.

En este sentido, la Agencia Tributaria ha venido publicando anualmente la estadística denominada “Rendimientos de actividades económicas”, en la que se analizan y comparan los principales datos sobre tributación de las actividades empresariales de los autónomos en los regímenes de estimación objetiva (módulos) y de estimación directa.

Así, por lo que se refiere al último año 2016, cabe destacar que del número total de autónomos acogidos al régimen de módulos, que suponen en su conjunto 436.683 empresarios aproximadamente una cuarta parte, en concreto 113.179, pertenecen al sector del transporte por carretera en sus diferentes subsectores. Ello contrasta con los autónomos del sector del transporte por carretera acogidos al régimen de estimación directa, que apenas representa 26.788 contribuyentes.

La propia Estadística de la Agencia Tributaria pone de relieve la importante diferencia existente en el tipo de tributación efectivo entre ambos colectivos: así mientras los autónomos en módulos en el sector del transporte por carretera tributan tan sólo al 2’15% (frente a una media para el conjunto de los sectores empresariales acogidos al régimen de módulos del 7’27%), por contra a los autónomos acogidos a estimación directa se les aplica un tipo efectivo atribuible del 20’60% (similar al 20’83% de media en el conjunto de sectores empresariales acogidos a dicho régimen de estimación directa).

En relación con lo anterior, la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento encargó a principios de este año 2019 un estudio bajo el título “La Fiscalidad en el Sector del Transporte por Carretera y su repercusión en la productividad empresarial y nacional”, que es continuación del estudio encargado en 2009 a la consultora Deloitte.

En este sentido, el objetivo principal del estudio, que en esta ocasión se ha encargado a la consultora Teirlog Ingeniería, se centrará en describir con detalle el marco tributario, fiscalidad genérica y finalidad específica, que afecte a la actividad del transporte por carretera en España, evaluando las diferencias fiscales que existan en territorio español y proponiendo posibles medidas correctoras en términos fiscales.

Un avance de dicho estudio será presentado este jueves 11 de Julio por parte de representantes de la Subdirección General de Gestión del Transporte Terrestre a las principales asociaciones tanto de transporte de mercancías como de viajeros que integran el Comité Nacional de Transporte por Carretera.

Fuente: fenadismer.es

LOS CAMIONEROS PORTUGUESES ADVIERTEN DE LAS GRAVES REPERCUSIONES DE LA HUELGA DEL 12 DE AGOSTO

El Sindicato Independiente de Conductores de Mercancías (SIMM) ha emitido un comunicado de prensa en el que advierte sobre la gravedad de la huelga convocada para el próximo 12 de agosto y en el que afirma que un debate televisado en el que se pudieran aclarar las condiciones laborales de los camioneros, podría impedir la huelga.

El sindicato ha advertido que la huelga tendrá «repercusiones mucho más graves» que las vividas el pasado mes de abril durante la huelga de los conductores de transporte mercancías peligrosas, en la que casi se paraliza el país ante la falta de combustible en las estaciones de suministro. Esta huelga «afectará a todos los tipos de transporte en todas las áreas, además del combustible», «afectará al suministro de las grandes superficies, de la industria y de los servicios» y conllevará «una falta de alimentos y de otros bienes en los supermercados».

Advierten de las grandes pérdidas que sufrirá la industria y de como grandes empresas exportadoras como Autoeuropa, corre el riesgo de tener que interrumpir su trabajo ante la falta de suministro. Creen que los portugueses se verán sorprendidos porque no solo se habla de la falta de combustible.

Desde SIMM consideran necesario un debate televisado para aclarar la situación real de los camioneros, ya que «Creemos que podría evitar la huelga programada para el 12 de agosto, porque el gobierno ya no podría brindar cobertura a una asociación de empleadores que no ha hecho más que degradar las condiciones de vida y de trabajo de unos 50.000 profesionales».

En la comunicación de huelga entregada por los dos sindicatos convocantes (SIMM y SNMMP) establecen unos servicios mínimos del 25%. De los 50.000 conductores, sólo habrá disponibles 12.500 durante las jornadas de huelga. En el mismo, se indica que se garantiza el «suministro de combustible y materiales a hospitales, centros de salud, clínicas de hemodiálisis, prisiones, bases aéreas, servicios de protección civil, bomberos, fuerzas de seguridad y unidades de gasificación autónomas».

El gobierno portugués ha anunciado que se está preparando una red de suministro de combustible de emergencia por si no se cumplen los servicios mínimos durante la huelga.

Fuente: diariodetransporte.com

Tras una nueva denuncia de CGT, Inspección de Trabajo ha sancionado a otra empresa del Grupo SESÉ que presta servicios en OPEL – PSA, en su planta de Zaragoza.

 

En abril de 2018 desde el sindicato CGT detectaron, tras mantener algunas conversaciones con los trabajadores de HERMANOS SESÉ ASENSIO (Grupo SESÉ) en Opel que, los camioneros que realizan el servicio habitual de transporte entre el almacén del Polígono el Pradillo (Pedrola) y la factoría de Opel (Figueruelas) realizaban muchas más horas de lo normal y bajo unas condiciones un tanto particulares, pues se les abonaba la nómina por un trabajo realizado en Zaragoza, bajo condiciones de convenio colectivo de Teruel.

Tras estudiar su caso en particular, decidieron denunciar ante Inspección de Trabajo, la cual, ¡¡¡14 meses!!! más tarde ha determinado y resuelto que Hermanos Sesé Asensio en Opel realiza el trabajo de transporte de mercancías entre ambas ubicaciones aplicando el Convenio de Transportes de Teruel en lugar de el de Zaragoza, que es el que corresponde, por lo que debe de abonar a los trabajadores implicados un aumento de la nómina de aproximadamente 400 Euros brutos/mes.

Por otro lado, se ha sancionado a la empresa por tres infracciones graves (hasta 3.125 € por cada una de ellas) por aplicar a los trabajadores unas jornadas laborales que exceden y mucho de lo legal, siendo lo “normal” hasta la fecha turnos de 12 horas consecutivas más sábados, de tal forma que Hermanos Sesé Asensio se ahorraba los trabajadores de un turno completo de trabajo. De esta forma los trabajadores no podían guardar entre jornada y jornada el descanso mínimo obligatorio diario ni tampoco el semanal, lo que impedía la conciliación de la vida laboral y familiar.

La tercera infracción se da al aplicar la empresa las “horas de presencia” del sector de transporte (que se cobran a precio de hora ordinaria) para justificar el exceso de horas diarias, pero aun considerándolas “horas de presencia” existe un exceso sobre el máximo de estas horas permitido legalmente.

Además, desde CGT entienden que las horas de presencia no son tales, sino que son horas de trabajo efectivo y por tanto deberían ser consideradas como horas extraordinarias (que se deben abonar a un precio muy superior), motivo por el cual se va a presentar nuevamente denuncia ante Inspección de Trabajo.

La empresa alega que abona a los trabajadores “dietas” en lugar de salarios, por lo que las diferencias de salario no serían tan abultadas. Pero el sindicato opina coincidiendo con Inspección de Trabajo, como no podía ser de otra manera, que existe una gran diferencia entre cobrar un salario, pagar unos impuestos en relación a lo cobrado y poder disfrutar de unas pensiones y prestaciones, en lugar del “vale todo”. Por todo ello, la empresa ha tenido que liquidar cuotas de 4 años anteriores a la Seguridad Social, que estimamos se acercan a los 60.000 €.

Estas sanciones se unen a las que ya ha levantado Inspección de Trabajo a denuncias de CGT contra otras empresas del Grupo SESE en OPEL, referentes a las condiciones laborales de los trabajadores (COLIN, por ejemplo), algunas de ellas paralizadas actualmente por recurso de las empresas en via administrativa, tras darles la razón Inspección de Trabajo y sancionar a SESE por aplicar unos salarios inferiores a los trabajadores y por la falta de cotizaciones.

Fuente: rojoynegro.info

Bruselas pide más reducción de emisiones contaminantes en Madrid y Barcelona, con una situación de impás en la capital, mientras que en la Ciudad Condal empiezan a activarse nuevas medidas.

La Unión Europea no suele prestar mucha atención a los cálculos políticos de los diferentes partidos que tienen empantanado el gobierno a diferentes escalas en España y ha pedido medidas adicionales sobre calidad del aire para paliar los niveles de dióxido de nitrógeno que vulneran los límites establecidos por la normativa europea en ciudades como Madrid o Barcelona.

En el caso de Madrid, la situación se ve agravada por la incertidumbre que genera el proyecto de Madrid Central tanto entre los residentes en el centro de la capital, como entre los establecimientos de la zona y las empresas que realizan servicios de distribución de mercancías en esta zona de acceso restringido, pendiente de sentencias judiciales.

Mientras, en Barcelona, que pondrá en marcha su propia área de acceso restringido el año que viene, también se empieza a hablar de la posibilidad de introducir un peaje de entrada similar al que ya existe en Londres. De hecho, el consistorio de la Ciudad Condal ha constituido una Mesa por la Emergencia Climática, en la que participan más de doscientas entidades, expertos y representantes de las administraciones.

En todo caso, parece que la tendencia está clara, con un impacto aún por medir en los servicios de distribución urbana de mercancías en estas dos ciudades. La distribución urbana de mercancías, pendiente de los planes medioambientales de Madrid y Barcelona.

Fuente: cadenadesuministro.es

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, PMcM, ha aplaudido el anuncio del Reino Unido de crear un régimen sancionador para las grandes compañías que no paguen en plazo a sus proveedores, e insta a España a que siga el ejemplo británico e implemente urgentemente el régimen sancionador contra la morosidad.

Para la PMcM, se trata de “un hito histórico que tome este tipo de medidas un país como Reino Unido, en el que la gran mayoría de las empresas pagan sus facturas a tiempo y donde en los cinco últimos años se ha reducido a la mitad la cantidad adeudada en pagos atrasados”, según palabras de su presidente, Antoni Cañete.

El presidente de la PMcM afirma que su análisis corrobora “en cierta manera lo que viene denunciando la PMcM sobre que en España se acepta y se asimila con cierta normalidad la cultura de la morosidad”.

A pesar de que el 49% de las empresas españolas asegura conocer la directiva europea sobre morosidad, solo el 14% aplica a sus clientes intereses de demora por retrasos en los pagos. Asimismo, casi el 70 % de los encuestados consideran que la legislación no ha mejorado los plazos, y un 46 % que un régimen sancionador mejoraría la situación.

Conscientes del gran impacto que los retrasos en los pagos pueden tener en la capacidad de una pequeña empresa para planificarse, invertir y crecer, en Reino Unido han sabido comprender que poner fin a la cultura de la morosidad impulsa la productividad de las PYMEs, elimina barreras al crecimiento y mejora el flujo de efectivo”, añade Cañete.

El presidente de la PMcM ha recordado a los grupos parlamentarios la necesidad de que en cuanto se forme Gobierno “se agilice” el trámite en el Congreso de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad.

La nueva ley traerá consigo un régimen sancionador que multará a las empresas morosas, “un punto de inflexión que seguro reducirá la lacra de la morosidad en nuestro país; no olvidemos que España es el país de la UE con los plazos de pago más largos, según el último informe de la Comisión Europea”.

La Plataforma recuerda que es “de vital importancia” que se mantenga la norma imperativa que establece el artículo 4.3 de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, que prohíbe pactar una ampliación del plazo de pago en las operaciones comerciales por encima de los 60 días naturales. Asimismo, reclama que esta norma imperativa se haga extensiva al artículo 17 (“Pagos a los proveedores” de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista), “puesto que en la actualidad este artículo no fija ningún límite temporal para pactar un plazo de pago con los proveedores cuando los productos no son de alimentación ni de gran consumo”.

Respecto al retraso intencionado en los pagos, este ocupa la tercera posición. Concretamente, el 38% de los encuestados consideran que los retrasos en los pagos se deben principalmente a problemas financieros, un 29% lo achaca a temas administrativos, mientras que los retrasos intencionales alcanzan el 23%.

El régimen sancionador es, de lejos, la medida que los encuestados consideran fundamental para mejorar la morosidad, el 46 %, mientras que un 15 % opina que habría que obligar a las empresas a publicar sus plazos de pago reales. Usar información comercial es la primera medida adoptada para luchar contra la morosidad. Casi el 50% de las empresas cuentan con una política de cobro o un departamento especializado.