En la actualidad España cuenta con la iniciativa de construir un andamiaje jurídico que dé soporte a las políticas públicas relacionadas con movilidad sostenible en función de responder mejor a las demandas de la sociedad e incentivar la innovación, cohesión territorial y tecnológica para el sector transporte.
Asimismo, este marco legal tiene como objetivo también el convertir la movilidad en un derecho como parte del Estado del Bienestar y la prioridad de que las instituciones españolas asuman la responsabilidad de cumplimiento del mismo. De esta manera se amplían las garantías de derechos y mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
Por otra parte, esta es también parte de los avances que ha venido desarrollando España como parte del cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) enmarcados dentro de la agenda 2030, creada por la ONU y países miembros, donde se espera una importante reducción de la contaminación en el planeta y donde España se ha puesto en marcha desde hace uno años usando biocombustibles y diseñando tecnología en pro de la transición energética.
¿Por qué es importante contar con una ley de movilidad sostenible? Principalmente porque es prioritario para las personas tener como movilizarse hacia sus empleos y acceder a servicios como la educación y la salud, lo cual impacta directamente dentro de los estándares de vida de la sociedad.
Asimismo, es importante contar con un marco jurídico que promueva y fomente el cambio hacia una movilidad menos contaminante y menos ligada al uso particular o personal de medios de transporte. De esta forma se crea valor y cohesión social.
Actualmente esta ley tiene un estatus de anteproyecto. Es decir, aún se encuentra siendo consultada y en discusión con los actores involucrados dentro de ella acerca de los aspectos legales que la componen. Parte del objetivo en cumplimiento con la comisión europea es que esta ley ya se encuentre vigente para el 2023.
En España se espera que la movilidad se convierta en un derecho constituido sobre cuatro pilares: situar al ciudadano en el centro de las políticas enmarcadas en esta temática; una movilidad sana que garantice la salud de todos y una relación respetuosa con el medioambiente; Un sistema de transporte moderno e innovador que garantice seguridad y eficiencia y por último, realizar una inversión responsable en los servicios de los ciudadanos para mejorar la calidad de sus vidas.
De tal forma, podemos observar que la creación de un marco legal en esta área permitirá construir una institucionalidad sólida e inclusiva en torno al transporte público. Por otro lado, la ampliación de derechos fortalecerá nuestro Estado del bienestar y de garantías. Además, al incluir el elemento de la innovación podremos desarrollar más y mejores tecnologías que faciliten un desempeño de calidad en los servicios públicos con alto impacto de las dinámicas sociales.
Sin duda alguna, contar con una ley de movilidad sostenible pondrá a España en una posición de país modelo en el desarrollo de políticas públicas inclusivas y eco amigables que fomenten la reducción de contaminación.
Redacción www.transportesostenible.com
